El caso que involucra el robo de recursos públicos, así como la destrucción de muebles que forman parte del patrimonio municipal, fue investigado por las autoridades competentes; sin embargo, el Ayuntamiento considera que la resolución judicial no se apegó a derecho, dado que el juez no ponderó adecuadamente las pruebas y elementos que dan sustento a la acusación.

Se hace un llamado a las autoridades judiciales a revisar con mayor detenimiento las circunstancias que rodean este hecho y, sobre todo, a tomar decisiones fundamentadas en el derecho, protegiendo el interés público y la confianza de la ciudadanía.